La trampa de la Regresividad obligada: el Gasto Provincial y los Ingresos Brutos

La Argentina que (aún) conocemos se construyó sobre un acuerdo social, intangible durante el siglo XIX y gran parte del XX: bienes y servicios públicos de calidad. La salud y la educación fueron los dos grandes logros de la universalidad que tanto democratizó las posibilidades para nuestro pueblo. Dicho acuerdo, hoy, está en vías de extinción. La degradación real de los servicios y la propaganda son los dos grandes caballitos de batalla sobre su supuesta inviabilidad, y juntas instalaron la idea de que no hay alternativa. Un proceso que no solo es por Milei, dado que él solo lo profundizó. Sin embargo, aún estamos los que creemos que existe otro camino. Es por ello que no podemos tirar la toalla.

Estirando un poco la catarsis, no puedo dejar de decir que, como justicialista, siento que es un fracaso que perdamos algo tan sustancial, algo que nos diferenció en la región. Fuimos uno de los países con mayor desarrollo humano de América Latina hasta no hace mucho tiempo. Se trató de una decisión política, que va desde la ley 1420 hasta la reforma del sistema de salud, la cual quedó trunca del tercer gobierno de Peron.

Para que no se pierda, y para que no dé todo lo mismo, hacen falta dos cosas a la vez:

1. Una reforma impositiva profunda;
2. Lo que mi amigo Diego, un gran compañero de militancia, llama “pepemujiquismo” de la cosa pública (una honestidad exagerada, casi obsesiva, en el manejo de los fondos públicos destinados a salud y educación).

Ingresos Brutos, el villano que financia a las provincias

El problema fiscal es notorio, hoy y desde las reformas de la década del 90, cuando el estado nacional (en su hora más neoliberal) traspasó los mencionados servicios públicos a la órbita de las provincias. Una medida que se podía justificar, pero jamás de la forma en que se hizo, pues se llevo a cabo sin garantizar los recursos necesarios para su cobertura. El resultado es que ambos sectores se financian, en gran medida, con impuestos distorsivos. El principal es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), recaudado justamente por el nivel subnacional, mientras que el ente nacional ofrece el flujo de la coparticipación. Esta última es alimentada sobre todo por IVA y Ganancias.

La trampa es que, si hoy quisiéramos aumentar la inversión en salud y educación, dada la configuración de nuestra matriz recaudatoria, no quedaría otra opción que hacerlo vía aumento del impuesto a los ingresos brutos. Es decir, que estaríamos apostando a uno de los mecanismos más dañinos para la producción, a lo que se agrega una distribución muy desigual: apenas cinco provincias concentran el 75% de lo recaudado:

Por una cuestión de honestidad intelectual, creo que hay que poner sobre la mesa 2 cosas a la vez: el impuesto a los ingresos brutos es pésimo, pero no se puede quitar sin crear alternativas; solventa los presupuestos provinciales (educación, salud y seguridad). Para que tomemos dimensión, en la última década su recaudación promedió el 55% del IVA, lo que equivale aproximadamente al 4% del PBI. 24 jurisdicciones con presupuestos limitados que dependen de ese ingreso. No hay reforma fiscal que sea viable si no contiene la transformación y eliminación de este tributo.

Ahora bien, es falso que no existen alternativas. Una propuesta concreta y de muy alto impacto es la siguiente: unificar el IVA Nacional con un IVA Provincial que lleve la alícuota general un 50% más arriba, algo así como del 21% al 31%. Sín lugar a dudas, se trataría de un número fuerte. Pero es el número que en principio solucionaría varios tópicos a la vez: a) cierra la recaudación provincial sin destruir los ingresos de un día para el otro, b) simplifica tributariamente y c) quita del medio un tributo regresivo.

Por otro lado, la distribución de lo recaudado no puede ir por la coparticipación federal. Ese mecanismo tiene demasiadas distorsiones políticas acumuladas y no representa la forma en que se recauda IIBB, que tiene como base la actividad interna. La alternativa, por ende, es asignar a cada jurisdicción un porcentaje fijo basado en el promedio ponderado de la recaudación de IIBB a lo largo de los últimos cinco años. Así, cada provincia recibe el equivalente a lo que ya venía recaudando. En el caso de las provincias que hoy recaudan por encima de ese promedio, se debería contemplar un período de transición con compensaciones.

Con este primer paso lograríamos cambiar un impuesto muy distorsivo por uno que, aunque también es regresivo, es considerablemente más amigable con la producción. El IVA no se acumula en cascada. Eso significa que no importa cuántos eslabones tenga la cadena productiva, el impuesto solo lo paga el consumo final. Para empresas y autónomos funciona como una cuenta corriente, cobran el IVA a sus clientes, pagan el IVA a sus proveedores, y al mes siguiente depositan la diferencia al fisco. La carga no se multiplica con cada transacción, como sí ocurre con el IIBB. Es de esa manera como constituimos un beneficio para la competitividad de nuestras exportaciones (dejamos de incluir impuestos en nuestra producción manufacturera).

Cabe aclarar que esto sería solo un primer paso en la senda de la normalización de la estructura tributaria. Bienes Personales también va a jugar un rol en el financiamiento de la educación y la salud al ser un recurso coparticipable, el cual el gobierno de Milei lo llevó casi a cero.

La ejecución del presupuesto

Hasta acá hablamos de la reforma impositiva como si fuera un fin en sí mismo y lo vinculamos en mayor o menor medida a la educación y la salud. Sin embargo, mejorar el perfil tributario del país es una condición necesaria para incrementar los recursos que se requieren. Se vuelve menester, entonces, responder una pregunta básica: ¿para qué se reforma? Nuestra respuesta es que se hace para financiar mejor la salud y la educación públicas, dejando atrás esta etapa de administración de su decadencia. Esto último no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque una reforma impositiva que mejora la recaudación, pero no garantiza que esos recursos lleguen de forma directa a los dos sectores que más los necesitan, es, en el mejor de los casos, una reforma a medias. En el peor escenario, termina siendo un manotazo de ahogado que no cumple su cometido.

Por todo lo mencionado es que la propuesta tiene que ser explícita en las dos direcciones. Por un lado, una estructura impositiva menos distorsiva que no castigue la producción, que no penaliza las exportaciones y que recaude de forma más eficiente. Por el otro, un mecanismo que blinde una porción de esa recaudación para salud y educación, pero no como promesa política, sino como una revolución institucional. Que no dependa de la negociación presupuestaria de cada diciembre o de cuantas rotondas necesita hacer un gobernador.

Es acá es donde entra el “pepemujiquismo” en serio. De nada sirve tener más fondos si el sistema los absorbe sin mejorar los servicios que presta el estado. Argentina dispone de la masa crítica para hacerlo. Tiene universidades que deben ser involucradas en los procesos de reforma, profesionales de la salud que cuentan con la legitimidad suficiente para opinar y proponer, y docentes y formadores de docentes que son de primer nivel mundial. Lo que le falta no es capacidad. Todo lo contrario, ya que la falencia es la decisión política de poner los recursos donde están las palabras.

No hay mitad de camino

La reforma impositiva y la defensa de la salud y educación públicas no son dos agendas distintas que se turnan según el momento político. Son la misma pelea. No tiene sentido defender el financiamiento público si la estructura que lo sostiene es ineficiente, distorsiva e injusta, coctel al que se debe agregar la constante sospecha de corrupción. Tampoco tiene sentido reformar el sistema impositivo si el resultado es un Estado más eficiente recaudando para gastar igual de mal.

La Argentina con la impronta Justicialista que queremos financiar existe, no hay que inventarla. Hay que decidir hacerlo bien. Eso implica aceptar que una alícuota de IVA del 31% es un número alto y tal vez de muy compleja comunicación, pero es la alícuota de un país que eligió tener hospitales que funcionen y escuelas que enseñen. Implica aceptar que hay que blindar presupuestos de salud y educación, como también aceptar que el “pepemujiquismo” no es un oxímoron, es la única forma de devolver la confianza de los que nos votan.

No lo va a hacer solo el mercado. No lo va a hacer la austeridad. Lo tiene que hacer la política, y tenemos que estar dispuestos por lo menos a plantearlo. Es nuestro deber generacional.