Apuntes para un orden macroeconómico peronista
El tambaleo libertario
El vaivén de la política económica del gobierno de Milei y la necesaria construcción de una alternativa a este modelo abren una discusión sobre otras formas de estabilizar la economía argentina.
El shock del precio internacional del petróleo mostró con crudeza la fragilidad de una economía que no logra encontrar un sendero de crecimiento más allá del rebote y la tracción de los hidrocarburos y el campo. Aunque sin esos sectores no se puede, con ellos solos no alcanza. El agotamiento de esta cuarta fase del programa económico libertario se hace visible en el recalibración actual en que está sumido el gobierno.
Sin decirlo explícitamente —como han hecho en otras oportunidades—, el giro de timón es claro. Por la suba de la mora bancaria están bajando drásticamente la tasa de interés, empiezan a relajar el apretón monetario, aceleraron la compra de reservas e intentan aliviar, de manera escasa, las cuentas fiscales provinciales. ¿Quiero decir con esto que alcanza? No. El punto es que la gestión macroeconómica de Milei es más pragmática de lo que declara en los medios. El problema es que el modelo tiene como rasgo intrínseco el ancla salarial —que se hace más visible cuando la inflación se acelera— y la destrucción de empleo formal, ya que los sectores más intensivos en mano de obra son los más perjudicados: la industria, el comercio, la construcción y el sector público.
Sin embargo, tienen un problema estructural que no van a poder corregir: la confianza, reflejada en el riesgo país. Los analistas liberales suelen no entender qué ocurre: ¿por qué no baja si hicieron todo lo que pide el “mercado” y más? “Salió la reforma laboral, el RIGI, hay superávit primario y financiero, ganamos las elecciones.” Esto deviene de un problema de enfoque que también padeció la gestión de Macri y del uso de un concepto que les pasa factura: el “riesgo kuka”.
El relato del gobierno le pone límite a su propia gestión. Amenazar con que puede volver el peronismo terraplanista tiene efectos reales. En términos financieros, las colocaciones de bonos —para rollovear los desafiantes USD 30.000 millones de vencimientos que tiene esta gestión por delante— no consiguen estirarse más allá de agosto de 2027. En la economía real, el motor del crecimiento libertario iba a ser el RIGI, que fue muy “exitoso” únicamente en otorgar exenciones impositivas a futuros proyectos de inversión pero en el que casi no se desembolsó nada aún. Un gobierno liberal sin acceso al mercado voluntario de deuda ni un shock de inversión —que hoy es más baja que durante la gestión de Alberto Fernández— difícilmente termine de arrancar.
El elefante que les pasa por delante es que este país, por su historia, se ordena desde el peronismo y no encontrará salida si este no la encuentra. Por eso el orden macroeconómico que plantee el peronismo importa más en el mediano plazo que el intento de estabilización liberal de corto.
El necesario orden macroeconómico peronista
Así como el “riesgo kuka” es una exageración discursiva del gobierno mileísta, tiene un origen legítimo: en el peronismo no hay consenso sobre qué hacer con el país para estabilizarlo de forma sostenida.
En el largo plazo todos estamos de acuerdo: industria, desarrollo económico, minería, hidrocarburos, economía del conocimiento. Un desarrollo inclusivo, con sectores que incorporen valor agregado para puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. Eso es claro y es la principal diferencia con un gobierno como el actual, cuya experiencia se replica en otras gestiones latinoamericanas de dólar quieto y aniquilamiento del progreso económico.
Sin embargo, tomar las riendas del país en, por ejemplo, diciembre de 2027 impone desafíos más complejos, con respuestas de política económica que siempre tienen efectos negativos. Hay una realidad que impone sus límites, no es una discusión entre buenos y malos ni de voluntarismo, pero hoy la estabilidad resulta imprescindible para que los salarios le ganen a la inflación, el sector privado invierta y las políticas públicas sean efectivas.
Los tres debates urgentes
Hay tres problemas estructurales que aún no tienen consenso en el peronismo y que ya marcaron a fuego la gestión del Frente de Todos: la deuda con el FMI, el gasto público y el nivel del dólar. Cada uno merecería horas de discusión; intentaré sintetizarlos.
La deuda con el FMI
El primero ya generó una fractura política en aquella votación paradigmática en la Cámara de Diputados. Recientemente, en un encuentro cerrado de economistas, se volvió a sostener que la deuda era ilegítima y que es necesario no pagar e iniciar una nueva negociación.
Pese a que puedo compartir el espíritu y el razonamiento detrás —la deuda tomada por el gobierno de Macri fue ilegítima, violaba estatutos—, cabe preguntarse: ¿cuál sería la consecuencia inmediata de esa decisión? Imaginemos un nuevo gobierno peronista que anuncia un virtual default con el FMI. Inmediatamente tendría que imponer un cepo muy fuerte, hablar con los bancos porque el retiro de depósitos en dólares sería brusco —ya vimos lo que pasó después de las PASO de 2019—, y la brecha cambiaria probablemente se iría a más del 100%, dado que difícilmente Milei deje un gobierno con reservas suficientes para sostener una paridad, o bien habría una devaluación abrupta. ¿Está dispuesto el pueblo argentino, después de un gobierno como el de Milei, a soportar ese nivel de incertidumbre al inicio de una nueva gestión?
Antes de comparar esa situación con 2003, vale aclarar que la dicotomía se parece más a la del 2002 que al año en que Néstor inicia su gobierno.
Como se ve, elegir pagarle o no al FMI no es una cuestión entre ser buenos y malos, sino un trade-off constante, aunque en el planteo se tenga razón. Esto no quiere decir que los plazos de pago sean fáciles de cumplir —de hecho, se vienen postergando—, pero la señal que da una fuerza política es trascendental. ¿Queremos defaultear al FMI? Permítanme opinar que esa opción tiene más costos que beneficios: tiene mucho más para perder en una larga negociación —sin garantía de desenlace positivo— un presidente peronista que el propio FMI.
El gasto público
Los desafíos van a ser muchos, como también las necesidades: reactivar la infraestructura, aumentar los ingresos de los jubilados, los recursos de las provincias, el financiamiento universitario, entre otros. Todas causas legítimas vinculadas al gasto público.
La situación fiscal es muy delicada, la deuda pública en manos de bonistas privados -nuevamente- es un gran desafío, no por el monto, sino por la concentración de los vencimientos. Aunque es verdad que muchos países tienen déficit fiscal, por la historia de la economía argentina, un nuevo gobierno peronista necesariamente va a tener que exagerar una prudencia fiscal como la que tuvo Néstor al asumir.
Probablemente la gestión que inició en el 2003 se vio muy tentada de aumentar fuertemente el gasto público para corregir la herencia menemista y del 2001. Incluso viendo la propia historia, hubiese sido muy razonable achicar el superávit. Sin embargo desde el inicio mostró un fuerte compromiso por el resultado fiscal y lo sostuvo.
Resultado Primario y Financiero del Sector Público Consolidado · % del PIB
En consecuencia, si consideramos que el gasto en alguno de los ítems debe ser aumentado y sostener el superávit primario, hay que encontrar las fuentes de financiamiento.
¿Aumentar el IVA o el impuesto al retiro de efectivo como propone Emmanuel Álvarez Agis para alcanzar también a la economía informal? Es una posibilidad, aunque va contra la lógica de un sistema impositivo progresivo y es sumamente impopular aunque de fácil recaudación. ¿Aumentar impuestos patrimoniales como Bienes Personales? Sí, aunque tiene un impacto limitado en la recaudación. ¿Un impuesto a los altos ingresos laborales? Parece lógico, es absolutamente progresivo y redistributivo, aunque el salario real viene sufriendo como para reducirlo nominalmente. Ampliar la base imponible incorporando a quienes evaden siempre es un objetivo válido y hay que trabajar por eso, aunque no impacta de manera contundente en la recaudación de corto plazo.
Luego está la combinación fuerte devaluación con aumento de retenciones, que licúa el gasto público y aumenta la recaudación velozmente. Vale mencionar, aunque está largamente experimentado por los argentinos, las devaluaciones son contractivas en el corto plazo y muy regresivas porque transfieren ingresos hacia los que generan dólares y sobre todo a quienes tienen dólares por sobre los más vulnerables.
La respuesta probablemente esté en una combinación de todas esas medidas y otras. El punto de este artículo no es el análisis individual de cada una, sino subrayar que toda medida tiene un costo colateral que no recae sobre los ricos sino sobre la clase media y los más vulnerables que hay que analizar de antemano.
El tipo de cambio
Un dólar competitivo —es decir, alto— para el desarrollo de Argentina choca, en el corto plazo, con la reducción de la pobreza rápida y el aumento de los ingresos. La historia reciente muestra cómo la pobreza acelera su caída en los procesos de apreciación cambiaria. Esto no significa que con dólar alto la pobreza no baje, pero siempre es tentador acelerar ese proceso, creyendo que el choque contra la pared de la apreciación cambiaria no llegará. Y les llega a todos.
Un gobierno peronista probablemente conviva con un tipo de cambio estructuralmente más alto que uno de derecha. Aun así, no puede quejarse de los viajes al exterior o del ahorro en dólares si reproduce la única política económica común entre Cristina, Macri, Alberto y Milei: atrasar el dólar en los años electorales, una de las políticas económicas más regresivas.
Este tema requiere un análisis acabado y profundo, aunque el precio de dólar no se pueda determinar a priori ya que depende de muchas otras variables: contexto internacional, estado general del país, deuda, etc. Sin embargo es una invitación a discutir el precio más importante de la economía que se suele tener un diagnóstico desde el gobierno y otro desde la oposición.
Síntesis para transformar
Lo peor que podemos hacer es avanzar sin coherencia ni consistencia en las medidas y la dirección que se tomen.
Durante la gestión de Néstor hubo un superávit primario sólido, al margen del default heredado, pese a que las necesidades eran enormes y podría haberse optado por aumentar fuertemente el gasto. Para dar un ejemplo: en 2004, Néstor mantuvo los subsidios económicos —energía y transporte— en el 0,4% del PBI; diez años después, con un PBI per cápita más alto, ese valor había llegado al 3,9%. ¿Hay que volver a subsidiar las tarifas a mansalva? Honestamente creo que no, pero no parece una discusión saldada en el peronismo.
Subsidios económicos de la Administración Pública Nacional en % del PBI
Así como una política fiscal coherente con los objetivos es indispensable, también lo es pensar la tasa de interés. Si queremos que los argentinos tengan menos incentivos para ahorrar en dólares, los depósitos en pesos deben ganarle a la inflación: es decir, tasa de interés real positiva. Esto implica convivir con préstamos que no se licúen con la inflación, aunque puedan existir sectores a fomentar con condiciones especiales, siempre con seguimiento y metas, porque ya vimos lo que pasa cuando el sector privado accede a pesos baratos y los “bicicletea” en lugar de invertir.
La simplificación de todos estos temas es casi criminal, pero resulta necesaria para señalar que son cuestiones estructurales de la economía argentina y fundamentales para que el peronismo pueda empezar a dar señales de que efectivamente busca una economía más normal para el país.
El orden fiscal no es sinónimo de ajuste permanente: es una condición necesaria para fortalecer las políticas prioritarias del Estado. El orden monetario es imprescindible para generar los incentivos adecuados que aumenten el ahorro en pesos y lo conviertan en crédito e inversión. El orden cambiario es fundamental para una estabilidad nominal de la moneda que evite saltar de devaluación en devaluación.
La estabilización de la economía argentina, para ser sostenible en el tiempo, solo puede venir desde el peronismo. Es una condición necesaria —aunque no suficiente— para mejorarle la calidad de vida a los argentinos después de una década de crisis financieras y estancamiento.