Una crisis con rostro humano

24.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei en 2023. Son alrededor de 300 mil puestos de trabajo registrados perdidos, prácticamente un empleo menos cada 4 minutos. La industria y la construcción en caída. Salarios a la baja y endeudamiento familiar récord. Muchos números que leímos, escuchamos e incluso hasta aprendimos.

Ponerle cara a esas cifras es algo muy diferente. Llenarlas de palabras, historias y emociones es dotar de sentido a esa realidad y de humanidad a la política. El 23 de abril algo de eso se dio en el Congreso Nacional, más precisamente en el Anexo “A” de la Cámara Baja. La Comisión de Economía presidida por la Diputada Julia Strada convocó a cámaras, empresarios y trabajadores de distintos sectores y provincias del territorio nacional para contar su realidad. La realidad productiva y cotidiana que atraviesa a millones de argentinos, que rompe familias, destruye bolsillos y pulveriza sueños e ilusiones.

Entre las decenas de invitados, sin dudas uno de los que más conmovió a la Sala 1 del segundo piso venía de muy lejos, casi del fin del mundo. Pablo Sigot es un trabajador de la empresa Ayres del Sur de Río Grande, Tierra del Fuego. Contó que vivía en Buenos Aires y se fue a la Patagonia en busca de oportunidades y un nuevo proyecto de vida. Habló del destierro, lo que implicó dejar a su familia y los desafíos de arrancar de cero. Hoy, hace 4 meses que no cobra su salario. “El trabajo dignifica, te permite mirar a tus hijos a los ojos, llevarlos a una educación digna. Y este gobierno está destruyendo todo eso (..) ¿Quieren que vivamos de la basura o comamos de la calle?”.

De aún mayor distancia llegó, hace casi 50 años a nuestro país, Dante Choi, dueño de la empresa Peabody, que pasó de vivir con 12 años en Fuerte Apache a dar trabajo a más de 350 personas. Hoy, integra la larga lista de víctimas de este modelo y quedó solo con 60 empleados, trasladando su planta de producción a Paraguay. La combinación entre caída del consumo interno, apreciación cambiaria y apertura comercial generó un combo imposible de abordar para su firma y para la enorme mayoría de las empresas nacionales.

Como bien señalaba el empresario surcoreano, a los factores mencionados, además se suma que “hoy se están importando productos truchos, que incumplen la norma IRAM y subfacturan su valor real”. Mientras en el mundo la política industrial regresa para impulsar la producción nacional, en Argentina desaparece. Incluso podríamos decir que se aplica a la inversa: la baja de aranceles y el nulo control del valor de las importaciones funciona casi como un subsidio al trabajo afuera de nuestras fronteras. Un plan sistemático de destrucción de nuestra capacidad instalada.

En esta misma línea, el empresario textil Luciano Galfione clarificó lo que muchos capitalistas nacionales hoy piensan: “A mí como empresario no me bajaron un solo impuesto, pero sí le bajamos a quienes viven a más de 20,000 km de Argentina. No es que no se puedan bajar impuestos, le estamos bajando los impuestos a las personas equivocadas”. Una preferencia distributiva que el gobierno siempre dejó muy clara: primero no solo los de arriba, sino también los de afuera.

También los empresarios fueron claros en lo que necesitan, no las empresas como unidades productivas, sino nuestra economía para competir: financiamiento productivo, reforma impositiva, inversión en logística y un tipo de cambio razonable para equiparar a otros jugadores del plano internacional. Todos elementos que parecen muy lejanos para el horizonte actual y el modelo que propone el gobierno. La sensación generalizada es que la crisis industrial aún no empezó, y podría rápidamente multiplicarse.

Sin embargo, también es importante señalar lo siguiente. Es evidente que, frente a los enormes cambios tecnológicos y productivos a nivel internacional, Argentina necesita repensar su modelo de desarrollo: ¿Cómo se inserta en un mundo tan competitivo?; ¿qué produce y para quienes?; ¿qué sectores generarán empleo e inclusión?. El país industrial-manufacturero construido a partir de la revolución peronista en 1945 e intentado reanimar luego del crack del 2001 parece haber dado sus últimos frutos. La transición estructural probablemente será inevitable, compleja y seguramente refundacional.

El Diputado libertario Adrián Ravier, al ser interpelado por el auditorio, fue claro sobre la postura del gobierno al respecto: “Hay un proceso muy doloroso al que no somos insensibles. Pero a futuro, para una Argentina más competitiva en que se viva mejor, tenemos que abrir la economía y tenemos que dar entrada a la tecnología. En ese cambio habrá personas que se tengan que adaptar y costos”. Ahora, ¿vale la pena el sacrificio que estamos haciendo?, ¿está nuestro país transitando hacia un sendero que incluya a los 46 millones de argentinos? La respuesta parece a esta altura muy evidente: son otros los intereses que orientan este programa.

Lo sucedido en el Congreso es parte también de lo que nuestra democracia y la política necesitan: volver a poner a las instituciones con un oído en el pueblo. No lo hará el gobierno, y por ende tendremos que hacerlo nosotros, los que soñamos con un país en el que no sobre nadie. Desde el justicialismo tenemos la enorme responsabilidad de volver a representar a esa enorme mayoría de argentinos que apuestan por nuestro país, invierten en Argentina y dejan su vida trabajando para alimentar a sus familias. El punto de partida será complejo y los desafíos enormes. Pero también lo es la fuerza de nuestros compatriotas y la capacidad de los argentinos para volver de las cenizas. Necesitamos volver a proponerles un futuro en el que su esfuerzo cotidiano valga la pena.