Un país normal

Hay un dicho que dice: si te vas 20 días de Argentina cuando volvés cambió todo, pero si te vas 20 años, al llegar a nuestro país ves que todo está igual.

Argentina es una economía caracterizada por la inestabilidad que le impide consolidar un sendero de crecimiento. “Del éxito a la agonía oscila nuestro historial” versa Bersuit Vergarabat en la Argentinidad al Palo.

Podemos ver cualquier tipo de indicador y en la totalidad de ellos durante los últimos 20 años no tuvimos ningún cambio significativo. Este es el síntoma: generaciones que pasan y sus condiciones materiales en el mejor de los casos son similares a las de la generación anterior. El proceso de ascenso social que alguna vez caracterizó a nuestro país está cada vez más agotado.

Podemos discutir infinidad de causas. Podemos ver qué hicieron otros países. Podemos problematizar procesos históricos y coyunturas; pero en primer lugar tenemos que preguntarnos: ¿de qué manera vamos a desarrollarnos como país?

El 25 de mayo, en esta misma página Nico Fernández planteaba la planificación como eje ordenador y la discusión de un nuevo pacto con el desafío de lograr construir como sociedad ese marco estructural que genere las condiciones para dar ese salto hacia adelante.

Coincido en pleno con lo planteado por Nico, pero planteo un primer paso: al menos tomemos la letra escrita de nuestra Constitución y hagámonos carne de ese acuerdo que tenemos como país.

Dicho esto, esta nota se refiere a uno de los aspectos que debemos consolidar como país en el marco de la planificación y un nuevo acuerdo nacional: la estabilidad económica como condición necesaria, pero no suficiente.

Podemos ser lo mejor, como también lo peor

Las condiciones de inestabilidad de Argentina afectan las decisiones que tomamos cada uno desde nuestro metro cuadrado: shocks, ruidos y efectos que vivenciamos día a día postergando decisiones, dilapidando oportunidades y perdiendo la “carrera” del crecimiento frente a otros países.

Nos alejamos del largo plazo y nos enfocamos en aquello que tenemos a nuestro alcance, lo tangible. Lo protegemos, tomamos estrategias coherentes con esa sensación y evitamos cualquier situación de riesgo. Esto nos pasa a todos: a las y los argentinos de a pie, a las empresas, a los inversores. Todos nos volvemos aversos al riesgo, aversos al largo plazo.

Inevitablemente cuando hablamos del futuro, nos referimos a un futuro cargado de expectativas e incertidumbre. Construir un puente entre el corto y el largo plazo es el gran desafío para una economía que quiere un mañana mejor. Ese puente es el sistema de crédito, que permite comprometerse hoy para una realización del mañana.

Cuando alguien toma una decisión que involucra tiempo —invertir hoy para cobrar mañana, endeudarse hoy para pagar en diez años—, necesita valorar el futuro en términos del presente. ¿Cuánto vale hoy un peso que voy a recibir en cinco años? La respuesta depende de cuánta incertidumbre hay sobre ese futuro. A más incertidumbre, mayor tasa de descuento: el futuro vale menos, las decisiones de largo plazo se vuelven inviables, y la economía se acorta.

En términos más directos: cuando la inflación es impredecible, cuando el tipo de cambio puede saltar de un día para el otro, cuando las reglas del juego cambian con cada crisis, nadie puede calcular qué va a valer su inversión en tres, cinco o diez años. El horizonte temporal colapsa. Las empresas reducen su inversión porque no saben si van a poder amortizarla. Los bancos no prestan a largo plazo porque no pueden calcular el riesgo. Las familias no toman créditos hipotecarios porque no saben qué va a pasar con su cuota el año que viene.

En la literatura económica, el mecanismo que bloquea el crédito en esos contextos se llama racionamiento crediticio. Stiglitz y Weiss lo describieron con precisión: en contextos de alta incertidumbre, los bancos no resuelven el problema subiendo la tasa de interés —eso solo seleccionaría a los peores deudores y agravaría el riesgo—, sino directamente dejando de prestar. No es irracionalidad. Es la respuesta lógica a un entorno donde el riesgo no se puede calcular; es el resultado de décadas de inestabilidad macroeconómica que convirtieron el racionamiento crediticio en el estado normal del sistema financiero, no en la excepción.

Dos ejemplos concretos: la PYME que no invierte y la familia que no compra

El crédito total al sector privado en Argentina representa el 13,6% del PBI según BCRA, mientras que Chile supera el 100% y Brasil ronda el 60%.

El crédito productivo para PYMES y el crédito hipotecario son las dos caras más visibles de este problema. No son los únicos, pero son los más elocuentes porque afectan directamente a la clase media, al tejido productivo y a la capacidad de inversión privada del país.

Empecemos por las PYMES. Una empresa que ve limitadas las posibilidades de financiamiento limita su sendero de expansión y su frontera de posibilidades de producción. No puede comprar maquinaria nueva, no puede ampliar su planta, no puede generar más puestos de trabajo. Una economía donde las PYMES no pueden acceder al crédito productivo es una economía que condena a su sector más dinámico a crecer en cuotas. El problema no es solo el costo del crédito. Es la ausencia de crédito viable a plazos razonables. Tasas de interés volátiles o de niveles del 60% anual fagocitan todo proyecto posible. Y esa tasa no es una decisión bancaria caprichosa: es el reflejo de una prima de riesgo que incorpora la inflación esperada, la incertidumbre cambiaria y la historia de intervenciones estatales sobre los contratos financieros. En otras palabras, es el precio de la inestabilidad.

El crédito hipotecario es el mismo problema en clave familiar. El stock hipotecario en Argentina representa el 1% del PBI. Chile está en el 28%. Brasil en el 10%. Perú y Colombia en el 6%. Hoy hay 3,24 millones de hogares con déficit habitacional. El sueño de la casa propia se vuelve más intangible para las nuevas generaciones. La casa propia no es un lujo: es el activo que construye patrimonio, que da estabilidad familiar, que ancla el proyecto de vida.

Los dos ejemplos tienen la misma raíz. No es que los bancos no quieran prestar ni que las empresas y las familias no quieran endeudarse. Es que la inestabilidad macroeconómica hace que la tasa de descuento del riesgo sea tan alta que ninguna decisión intertemporal eficiente sea posible. Ni para el prestamista ni para el tomador. Los contratos se acortan, el crédito se reduce, el futuro es incierto.

Lo que hace falta

Llegamos al punto central. El crédito hipotecario y el crédito PYME son ejemplos. El problema de fondo es que Argentina necesita construir un sistema de crédito robusto que impulse un proceso de expansión y desarrollo económico.

La condición necesaria para avanzar en este camino es la estabilidad macroeconómica sostenida, y vale la pena detenerse en qué significa eso con precisión. No alcanza con bajar la inflación un par de años. La estabilidad que el crédito requiere es la que hace que un banco pueda prestar a diez años sin necesidad de cobrar una prima de riesgo que destruya la viabilidad del proyecto que financia: inflación de un dígito anual, tipo de cambio real competitivo y estable, tasas de interés que reflejen el costo real del dinero y no la incertidumbre acumulada de décadas. Eso es lo que reduce la tasa de descuento a niveles donde las decisiones intertemporales vuelven a ser posibles: que una empresa pueda calcular si le conviene invertir en maquinaria a cinco años, que una familia pueda comprometerse con una cuota a veinte. La estabilidad no es un fin en sí mismo: es la condición que hace que el futuro vuelva a tener valor en el presente.

Y acá hay que decir algo que el debate económico argentino suele evitar: la estabilidad no se construye sola ni se sostiene solo con ajuste fiscal (flojito de papeles). Requiere un acuerdo político de largo plazo que ningún sector puede construir unilateralmente. La estabilidad es un bien público, y como todo bien público, si no hay quien la produzca colectivamente, el mercado no la provee.

En este sentido, son necesarias instituciones que aporten una estructura de funcionamiento y un marco legal predecible y propicio. La arquitectura constitucional en este tema es notable. El artículo 14 bis —una conquista de 1949 que sobrevivió décadas de intentos por borrarla y fue ratificada en 1994— consagra el acceso a la vivienda digna como derecho social irrenunciable. El artículo 75 inciso 19 le exige al Congreso legislar para el “progreso económico con justicia social” y la “defensa del valor de la moneda”. El artículo 42 garantiza la protección de los consumidores en toda relación de consumo, incluyendo los contratos financieros. No son declaraciones vacías: son mandatos operativos acordados democráticamente. Están escritos. Llevan décadas esperando que la macroeconomía los haga posibles.

La pregunta que Argentina lleva décadas sin responder es si puede construir esas condiciones, o si va a seguir atrapada en el ciclo donde la urgencia del presente devora la construcción del futuro. Los 3,24 millones de hogares con déficit habitacional, las PYMES que no invierten porque no consiguen crédito a tasa razonable, y las empresas que financian su capital de trabajo con deuda de cortísimo plazo son la cuenta que paga ese ciclo. El costo no es abstracto. Tiene cara, dirección y nombre. Y la Constitución lleva décadas diciéndonos que tenemos la obligación de resolverlo.